Es importante que los países establezcan acuerdos claros y justos para la extradición y que trabajen juntos para garantizar que los derechos humanos y el estado de derecho se respeten en todos los casos de extradición.
Más adelante el ministro Góngora hace una serie de aseveraciones en torno al derecho internacional real que no son del todo exactas, sino que demuestran poca cultura en la disciplina de las relaciones internacionales y escaso conocimiento acerca del contenido y aplicación de la ciencia jurídica internacional, ya que él llega a confundir la troubleática propia del derecho de gentes como un sistema descentralizado y adaptable que es y que tiene por eje de su subjetividad principal a los Estados, y los problemas propios del derecho de los tratados y los complicados procedimientos de negociación, firma y ratificación de estos acuerdos internacionales de voluntades. Así, por ejemplo, expresa que el sistema normativo internacional destaca:
La extradición es una figura jurídica que implica la entrega de una persona a otro país para que sea juzgada por delitos cometidos en ese lugar.
Con base en esta idea central, la autora se sumerge en el estudio de la extradición a través de cinco grandes capítulos que abordan la difícil tarea de crear leyes modelo de extradición que reúnan las principales tradiciones jurídicas en la materia, y permitan una armonía plena entre los tratados internacionales, el derecho interno de los Estados, y el respeto de las garantías individuales del sujeto reclamado.
Una vez que se ha completado el proceso de extradición y se han cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley, se toma una decisión sobre la extradición.
Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos
R: La extradición en Dinamarca es el proceso de entregar a una persona acusada o condenada de un delito a otro país donde enfrenta cargos o una sentencia. Dinamarca tiene acuerdos de extradición con muchos países.
El caso de Mansour generó controversia porque se sospechaba que había sido torturado por las autoridades marroquíes durante su detención y que la extradición de Dinamarca había violado su derecho a un juicio justo. Mansour finalmente fue condenado a 10 años de prisión por cargos de terrorismo.
R: Las empresas pueden ser consideradas responsables penalmente en Dinamarca si cometen navigate here delitos como el soborno o el fraude.
Esto no es algo menor dado el contexto de nuestro país, pues la extradición permite que no queden impunes las acciones que realizan la delincuencia organizada y el narcotráfico.
El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente this contact form en have a peek here el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla standard goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
R: No, México no extradita a personas que ya han sido juzgadas y condenadas por el mismo delito en México.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
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